La Unión Europea ha rechazado la posibilidad de modificar su postura sobre la oficialidad del catalán y ha advertido de que su negativa no cambiará. La respuesta se produce después de que el Gobierno de Sánchez amenazara con bloquear la entrada de nuevos países al club comunitario si no se acepta esa exigencia.

El ministro de Exteriores ha vinculado la ampliación de la Unión Europea al reconocimiento del catalán como lengua oficial. La advertencia supone que España podría vetar la incorporación de nuevos Estados miembros mientras la UE no respalde la petición.

La posición del Ejecutivo español está relacionada con la demanda de Puigdemont para que el catalán alcance ese estatus en las instituciones comunitarias. Sánchez ha recuperado esta reivindicación después de que permaneciera un año sin avances, en un momento marcado por la proximidad de los Presupuestos.

La respuesta europea ha sido tajante. La UE considera que la presión del Gobierno español no modificará su criterio y rechaza lo que califica de “chantaje” para condicionar el proceso de ampliación a una decisión sobre el régimen lingüístico comunitario.

El enfrentamiento introduce un nuevo elemento de tensión en las relaciones entre España y sus socios europeos. La ampliación de la Unión, que depende del acuerdo de los Estados miembros, queda así vinculada por el Gobierno español a la discusión sobre el reconocimiento del catalán.

La amenaza anunciada por el ministro de Exteriores no se limita a reclamar que la lengua sea aceptada como oficial. También plantea utilizar la capacidad de España para impedir la entrada de nuevos países como mecanismo de presión dentro de la UE.

Bruselas, sin embargo, mantiene que su posición seguirá siendo la misma. La negativa europea a aceptar la oficialidad del catalán no cambiará, pese a la advertencia de Sánchez de bloquear futuras adhesiones.

La decisión de reactivar la petición llega en vísperas de los Presupuestos y después de un año sin avances en esta cuestión. El movimiento vuelve a situar el reconocimiento del catalán en el centro de la agenda política y abre una disputa con la Unión Europea sobre el alcance de las exigencias del Gobierno español.

Por ahora, las dos posiciones permanecen enfrentadas. Mientras Sánchez condiciona la ampliación a la aceptación de la oficialidad del catalán, la UE descarta modificar su postura y rechaza que el proceso de incorporación de nuevos países sea utilizado para forzar ese reconocimiento.