Una propuesta para modificar de manera profunda el sistema de seguridad del conurbano bonaerense vuelve a poner en discusión el papel de la Nación, la Provincia y los municipios frente al avance del delito. El exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín de la Torre planteó crear una Policía Militar específicamente destinada a la región.

Según su propuesta, se trataría de una fuerza federal permanente, con régimen y formación militar, dependiente del Gobierno nacional y con actuación en los municipios que sean federalizados. Su función estaría concentrada en delitos complejos, narcotráfico, inteligencia y operaciones tácticas, mientras que las policías municipales continuarían ocupándose de la prevención y el patrullaje cotidiano.

La fuerza no sería, según explicó De la Torre, una extensión del Ejército ni una Gendarmería trasladada al territorio. La idea es crear un cuerpo específico para el conurbano, formado en Campo de Mayo mediante la participación del Ejército y la Gendarmería, e incorporando también integrantes de la actual Policía Bonaerense.

El planteo forma parte de una propuesta todavía más amplia: federalizar los 27 municipios del conurbano bonaerense. En ese esquema, cada distrito pasaría a depender directamente del Estado nacional y conservaría un gobierno municipal encabezado por un intendente elegido por sus habitantes. Los municipios dejarían de participar, en cambio, de las elecciones para gobernador y legisladores provinciales.

De la Torre sostiene que el actual modelo provincial quedó superado por la dimensión y complejidad de los problemas de seguridad. También considera que los municipios ya tienen una participación creciente en áreas como patrullaje, cámaras, combustible y equipamiento, mientras que la Provincia mantiene principalmente el control formal de la fuerza policial.

La propuesta abre así un debate sobre quién debe conducir la seguridad del conurbano, qué competencias deberían conservar la Provincia y los municipios y cuál debería ser el papel del Estado nacional. Por ahora se trata de una iniciativa política que requeriría leyes del Congreso y de la Legislatura bonaerense para avanzar.