El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que nació vinculada con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, pero que incorpora una reforma más amplia del sistema de seguridad y defensa argentino. El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y ahora deberá comenzar su tratamiento parlamentario.

Uno de los principales cambios propuestos es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, destinado a coordinar áreas que actualmente funcionan en distintos ámbitos del Estado. El esquema incluiría las políticas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Como órgano rector del nuevo sistema se propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría presidido por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. Entre sus funciones estaría elaborar la Política de Seguridad Nacional y coordinar su aplicación.

El proyecto también modifica el régimen relacionado con la explotación de recursos naturales en las áreas que la Argentina considera bajo su soberanía. La propuesta reemplazaría la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliaría las actividades alcanzadas por las restricciones. Se contemplan multas, inhabilitaciones, pérdida de beneficios, revocación de permisos y sanciones penales para quienes desarrollen determinadas actividades sin autorización argentina. Algunas conductas podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Otro capítulo está destinado a la protección de infraestructuras críticas, tanto públicas como privadas. El objetivo es identificar instalaciones, redes y sistemas cuyo funcionamiento resulte esencial para el Estado, la economía, la defensa, las comunicaciones o los servicios básicos, y establecer mecanismos específicos para protegerlos.

La iniciativa además incorpora modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y amplía el concepto de amenazas que deben ser contempladas. El nuevo esquema incluye riesgos estatales y no estatales y contempla herramientas vinculadas con los espacios aeroespacial y marítimo, además de capacidades de inteligencia y ciberseguridad. El proyecto establece también procedimientos específicos frente a determinadas aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles. (A24)

El eje Malvinas continúa siendo central. El Gobierno sostiene que la recuperación de las islas constituye un objetivo permanente y que el nuevo marco busca fortalecer la posición argentina mediante instrumentos legales, diplomáticos, económicos y de defensa.

Ahora comienza el debate legislativo sobre una propuesta que combina la cuestión Malvinas con una reorganización mucho más amplia de la seguridad estratégica argentina. Su alcance final dependerá del tratamiento y de las modificaciones que puedan introducir Diputados y el Senado.